Lima, 7 feb (PL) La posibilidad de una nueva fuga al exterior del indultado exgobernante peruano Alberto Fujimori, fue denunciada hoy debido a que su abogado pidió la revocatoria de una orden de prisión que le impide salir del país.
Carlos Rivera, abogado de la parte civil en los juicios al expresidente (1990-2000), reveló que el defensor, Renzo Riega, solicitó el levantamiento de las medidas que impiden que su cliente viaje al exterior, vigentes desde su condena, en 2009.
Invocó para ello el decreto del presidente, Pedro Pablo Kuczynsky, que indultó al preso el 24 de diciembre del 2017, pese a que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, a 25 años.
«En realidad, creo que se está pensando en la posibilidad de una salida del país. Creo que ese es el afán que aparece ahora más claramente», añadió Rivera.
Recordó que la orden restrictiva que le impide salir del país está vigente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que han apelado los deudos, no ha resuelto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia.
Rivera representa también a las familias de las víctimas de dos matanzas por las que Fujimori fue sentenciado y en días pasados dijo que está seguro que esa Corte, a la que está sujeta el Estado peruano, va a declarar la invalidez jurídica del indulto.
En tal caso, el gobierno que, pese a resistencias, se ha comprometido a acatar lo que decida la Corte, tendría que dejar sin efecto y Fujimori tendría que volver a la prisión, lo que la administración Kuczynski considera improbable.
El exgobernante fue beneficiado además con la anulación de su enjuiciamiento por otra matanza similar, lo que una corte peruana de apelaciones analiza y puede anular.
El corte de juicio solo procede, según la Constitución, cuando han transcurrido dos años desde el inicio de la instrucción y esta ha comenzado recientemente, a decir del abogado Rivera y otros juristas.
Fujimori tiene antecedentes de fuga pues, al verse cercado en 2000 por un gran escándalo de corrupción, aprovechó un viaje a una reunión internacional para renunciar a distancia a la presidencia y refugiarse en Japón, de donde en 2005 viajó a Chile, país que dos años después lo extraditó a Perú para su juzgamiento.